¿Vale la pena?

La polémica por el fracking comienza a abrir nuevos campos: en esta nota te invitamos a conocer más sobre la legislaciòn que lo contempla. 

El problema económico de la energía no-renovable es muy sencillo: las fuentes fósiles (petróleo y gas) son limitadas y cada vez más escasas y, año tras año, cuesta más abastecer a una demanda energética desenfrenada. En el afán por satisfacer esa demanda, y frente al avance de las fuentes de energía renovables, las empresas buscan nuevas fuentes fósiles con nuevas técnicas o de menor calidad, especialmente la fracturación hidráulica, más conocida como “fracking”.
El fracking es un método de extracción desarrollado hace más de 60 años, pero que cobró importancia en los debates ecológicos y económicos sólo en los últimos años, a medida que los pozos más accesibles se fueron agotando. Pero el hecho  de que el fracking sólo haya cobrado importancia recientemente provocó un grave problema: en muchos casos, no está está contemplado en la legislación vigente, y tiene un marco regulatorio muy laxo.
A raíz de esta poca -a veces nula- regulación, el fracking se ha tornado polémico: en la mayoría de los países, por no decir todos, las empresas no tienen obligación de difundir los aditivos químicos, ni están sometidos a muchos de los controles que sí afectan la extracción convencional. A pesar de esto, abren cada vez más pozos, pero la legislación no se actualiza.
Es innegable que en algunas áreas muy marginadas económicamente, el fracking significó un crecimiento envidiable. En esas mismas zonas, también se han observados terremotos donde antes no los había, contaminación de napas, derrames de productos químicos poco estudiados y enfermedades raras. Entonces, la pregunta sería: ¿acaso vale la pena?